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Puntales
Por Agustín Vargas
Empresas bajo fuego
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1.2 millones de empresas criminalizadas
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Gastan 70 mmdp en protección
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Cada año pierden más de 50 mmdp
Durante 2023, un millón 200 mil empresas sufrieron de al menos un delito
en México. El comercio es el más afectado
por la delincuencia que opera en todo el
territorio nacional, con el 27.8% de las
empresas afectadas.
Así experimentan las empresas la victimización a
manos de la delincuencia, según revela un
reciente estudio de México Evalúa,
instituto independiente que analiza, evalúa
y monitorea el desempeño de las
instituciones gubernamentales del país.
El reporte, titulado Empresas bajo Fuego,
elaborado con base en los datos de la
Encuesta Nacional de Victimización a
Empresas (ENVE) del Inegi, destaca que el
comercio es el sector con mayor tasa de
prevalencia delictiva, alcanzando la cifra
de 2,780 unidades económicas afectadas por
cada 10 mil en 2021, por arriba del promedio
nacional. Le sigue el sector servicios y, en
tercer lugar, la industria.
En el documento, México Evalúa hace referencia a
que a lo largo de dos décadas la violencia
en México ha aumentado sustancialmente,
cobrando la vida de cientos de miles de
personas.
“Tras un complejo proceso de intensas guerras
criminales, junto con la confrontación de
los grupos del crimen organizado con las
fuerzas del Estado mexicano, los ingresos de
estas organizaciones se han reducido, lo
cual las ha incentivado a diversificar sus
actividades criminales y sus fuentes de
ingreso”, señala.
Así, la extorsión, el robo y la extracción ilegal
de recursos naturales han ido en aumento. El
‘cobro de piso’, en particular, ha alcanzado
a una amplia variedad de establecimientos
comerciales, de distintos tamaños y
sectores, desde grandes empresas de
telecomunicación, hasta tortillerías y
comercios ambulantes y taquerías.
Después del comercio, el sector que tiene la
mayor tasa de prevalencia delictiva es el
sector de servicios y, en tercer lugar, la
industria (debajo del promedio nacional).
Por la composición de cada sector, es
posible imaginar que el sector industrial
tiene mayores capacidades y recursos para
protegerse del delito, mientras que la
enorme diversidad y exposición al público
del sector de servicios y de comercio les
hace más vulnerables.
Mercado criminal
México es un país diverso, como también lo es
la actividad económica y el mercado
criminal. Según el último levantamiento de
2021 de la ENVE, las tasas de prevalencia
más altas –por arriba de 3,000 por cada diez
unidades económicas– están en las entidades
de la zona del Bajío –Zacatecas, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato–, además
de los casos de Durango, Sonora, Colima,
Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala. Por
otro lado, Yucatán se destaca con la tasa de
prevalencia delictiva más baja en el país.
La extorsión sigue siendo la actividad criminal
que ha impactado con mayor fuerza en las
grandes, medianas y pequeñas empresas en el
país, como resultado de los intentos del
crimen organizado por controlar las
economías locales. Es prevaleciente en Baja
California, Colima, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y,
especialmente, en Zacatecas, con una tasa de
1,500 por cada 10,000 empresas.
Los últimos datos disponibles de la ENVE muestran
que el 37% de las unidades económicas
cuentan con alguna medida de protección
contra la delincuencia, una baja respecto al
46% reportado en el levantamiento de 2019.
Estos gastos ascendieron a 69 mil 901 millones de
pesos, mientras que las pérdidas fueron de
50 mil 341 millones de pesos. Se trata de
recursos que dejan de invertirse en mejorar
la productividad, pues deben desviarse hacia
medidas como la compra de cámaras y la
contratación de personal de seguridad.
Ante la cada vez mayor incidencia delictiva,
México Evalúa propone una serie de medidas
para hacer frente a la victimización
empresarial, entre ellas diseñar e
implementar medidas de apoyo y protección a
las empresas medianas del sector comercial,
las cuales, al estar más expuestas y cubrir
una diversidad de actividades, sufren
mayores afectaciones e incurren en mayores
pérdidas económicas.
Implementar políticas que se adentren en el
desmantelamiento de los factores que
sustentan a los grupos criminales y que
remedien la falta de capacidad y recursos en
los sistemas de seguridad y justicia.
Desarrollar, mediante mecanismos
público-privados, acciones y estrategias
para invertir en políticas públicas que
atiendan las raíces del crimen organizado y
faciliten el trabajo coordinado.
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