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Prometeo
Por Mario Sandoval
Pemex y CFE: la factura que no
aparece en el recibo
Gasolina
y electricidad estables, empresas
públicas que reciben apoyos y una
economía que necesita crecer.
¿Cuánto cuesta la política
energética y cómo afecta al crédito,
al ahorro y a la inversión
productiva?
En México, la estabilidad de los
precios de la gasolina y la
electricidad se presenta como uno de
los principales logros de la
política energética. Para millones
de familias y empresas, evitar
incrementos bruscos representa un
beneficio real. Pero en economía
existe una regla elemental: que un
costo no aparezca en el recibo del
consumidor no significa que haya
desaparecido.
Alguien paga la diferencia.
Durante su comparecencia del 12 de
noviembre ante el Senado, la
secretaria de Energía, Luz Elena
González Escobar, defendió el
fortalecimiento de Pemex y CFE, la
estabilidad de los combustibles y
los avances en producción e
infraestructura.
Según las cifras presentadas, la
gasolina regular se mantiene por
debajo de 24 pesos por litro y el
diésel por debajo de 27 pesos.
También destacó que la deuda
financiera de Pemex disminuyó hasta
77,600 millones de dólares.
Son datos que merecen examinarse.
Pero una comparecencia seria no
debería limitarse a presentar
resultados favorables. También debe
explicar cuánto costaron, cómo se
financiaron y qué beneficios
económicos generaron.
No se trata de izquierda o derecha,
ni de defender empresas públicas o
privadas. Se trata de exigir
resultados medibles por cada peso
que aporta la sociedad.
Gasolina: estabilidad con costo fiscal
Los combustibles influyen
directamente en el transporte, la
distribución de mercancías, la
producción agrícola y los precios al
consumidor.
Por ello, contener aumentos
extraordinarios puede ser una
decisión razonable para proteger el
poder adquisitivo y evitar presiones
inflacionarias.
Sin embargo, una parte de esa
estabilidad puede sostenerse
mediante estímulos al Impuesto
Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS), acuerdos
comerciales y ajustes en los
márgenes de quienes participan en el
mercado.
Cuando Hacienda reduce el IEPS, el
Gobierno deja de recaudar recursos
que, de otra manera, podrían
ingresar a la Tesorería. No es
necesariamente una transferencia
directa al consumidor, pero sí
representa un costo de oportunidad
fiscal.
Y cuando una empresa pública absorbe
parte del ajuste, ese costo puede
afectar sus resultados y su
capacidad de inversión.
La pregunta es sencilla: ¿cuánto ha
costado mantener los combustibles
dentro de los precios anunciados
durante 2026?
No basta con informar cuánto paga el
automovilista por litro. Debe
conocerse el costo fiscal acumulado,
los ingresos sacrificados y la
distribución de los beneficios.
Porque tampoco todos reciben el
mismo apoyo. Un hogar sin automóvil
obtiene un beneficio directo menor
que otro con varios vehículos,
aunque ambos contribuyan al
financiamiento del gasto público.
Electricidad: tarifas estables, inversiones
pendientes
En electricidad, la discusión es
todavía más relevante.
El Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2026 contempla
87,769 millones de pesos para
subsidios a las tarifas eléctricas,
además de aproximadamente 4,889
millones para apoyo federal al pago
de adeudos por suministro eléctrico.
En conjunto, son alrededor de 92,658
millones de pesos destinados a esos
conceptos.
Subsidiar el consumo básico de los
hogares de menores ingresos puede
ser una política social justificada.
Pero debemos distinguir ese objetivo
del financiamiento de las
operaciones, las inversiones y las
obligaciones financieras de CFE.
Una tarifa relativamente estable no
demuestra que la empresa sea
eficiente ni que exista suficiente
capacidad eléctrica para atender
nuevas inversiones industriales.
El país necesita generación
confiable, redes de transmisión,
distribución, mantenimiento y
capacidad para conectar nuevas
plantas productivas.
Una empresa que desea invertir
cientos de millones de pesos
necesita algo más que una tarifa
atractiva: requiere certeza sobre la
disponibilidad de energía durante
los próximos diez o veinte años.
La electricidad más costosa para una
empresa es aquella que no puede
recibir cuando la necesita.
Si el presupuesto se concentra en
sostener tarifas sin desarrollar
oportunamente infraestructura, el
beneficio inmediato puede
convertirse en una limitación para
el crecimiento futuro.
Pemex: disminuir deuda no equivale a
generar rentabilidad
La secretaria informó que Pemex
redujo su deuda financiera 27%
respecto de 2018 y que el
procesamiento de crudo aumentó de
925 mil a un millón 107 mil barriles
diarios.
Son indicadores favorables que deben
reconocerse.
Pero falta responder una cuestión
fundamental: ¿cuánto de esa mejoría
proviene de la capacidad económica
de Pemex y cuánto del respaldo
financiero del Gobierno Federal?
La deuda financiera reportada de
77,600 millones de dólares continúa
siendo una obligación considerable.
Además, deben analizarse los
compromisos con proveedores,
vencimientos, necesidades de
inversión y capacidad de generar
flujo de efectivo.
Una empresa puede reducir su deuda
mediante aportaciones de su
propietario, refinanciamientos o
transferencias de obligaciones. Eso
mejora determinados indicadores,
pero no necesariamente demuestra que
su operación sea autosuficiente.
Pemex necesita producir, refinar,
comercializar, invertir y cumplir
sus compromisos con recursos
sostenibles.
De lo contrario, el Gobierno
continuará destinando recursos
públicos para mantener su operación
y atender sus obligaciones.
La soberanía energética no debería
medirse solamente por cuánto
petróleo procesa México, sino por
cuánto valor económico produce sin
comprometer indefinidamente las
finanzas públicas.
El costo de oportunidad: lo que México deja
de financiar
El presupuesto público es limitado.
Los recursos destinados a subsidios
y apoyos energéticos compiten, en la
planeación fiscal, con necesidades
de educación, salud, seguridad,
infraestructura hidráulica,
carreteras y justicia.
No significa que cada peso destinado
a electricidad pudiera trasladarse
automáticamente a construir
hospitales. Existen obligaciones
legales, programas específicos y
restricciones presupuestarias.
Pero sí existe un costo de
oportunidad.
Con más de 92 mil millones de pesos
asignados a los conceptos eléctricos
señalados, el país debería evaluar
periódicamente si el beneficio
social obtenido justifica el gasto y
si existen alternativas mejor
focalizadas.
La misma exigencia corresponde a los
apoyos de Pemex y a los estímulos
fiscales sobre combustibles.
¿Cuánto se destina a sostener
operaciones existentes y cuánto a
crear capacidad productiva futura?
¿Quiénes reciben los beneficios y
quiénes asumen los costos?
¿Se está protegiendo temporalmente
al consumidor o prolongando
problemas estructurales de
eficiencia?
Éstas deberían ser preguntas
centrales en el Congreso, no asuntos
secundarios después de los discursos
sobre soberanía.
El sector financiero también paga la
factura
La política energética tiene efectos
que van mucho más allá de Pemex, CFE
y los consumidores.
También modifica las condiciones del
crédito, del ahorro y de la
inversión financiera.
Cuando el Gobierno necesita
financiar mayores compromisos
presupuestarios, puede recurrir a
impuestos, reasignaciones o
endeudamiento.
La deuda pública se coloca mediante
instrumentos que adquieren bancos,
fondos de inversión, aseguradoras,
Afores y ahorradores.
Esto no significa que cada peso
invertido en valores gubernamentales
deje automáticamente de prestarse a
una empresa. El sistema financiero
puede financiar simultáneamente al
Gobierno y al sector privado.
Sin embargo, cuando aumentan las
necesidades de financiamiento
público y la percepción de riesgo
fiscal, pueden elevarse las primas
exigidas por los inversionistas y
modificarse las condiciones
generales del crédito.
Un banco evalúa dónde colocar sus
recursos considerando rendimiento,
riesgo, capital regulatorio y
liquidez.
Si los instrumentos gubernamentales
ofrecen rendimientos atractivos con
menor riesgo crediticio relativo,
las empresas privadas deben
demostrar una rentabilidad
suficiente para justificar el
financiamiento.
Las consecuencias pueden ser
especialmente relevantes para
pequeñas y medianas empresas, que
enfrentan mayores costos de
evaluación, garantías limitadas y
menor capacidad de negociación.
Así, una política energética
financieramente costosa puede
terminar afectando indirectamente a
negocios que necesitan crédito para
comprar maquinaria, ampliar
inventarios o contratar personal.
El ahorro tampoco permanece al margen
Las familias mexicanas también
participan en este proceso.
Los rendimientos de Cetes, depósitos
bancarios, fondos de inversión y
cuentas para el retiro dependen de
las tasas de interés, la inflación y
las condiciones financieras.
Una menor inflación energética puede
proteger el poder adquisitivo del
ahorro, lo cual es positivo.
Pero si los desequilibrios fiscales
incrementan las necesidades de
endeudamiento y las primas de
riesgo, el efecto puede ser
distinto.
Los ahorradores pueden recibir
mayores rendimientos nominales,
mientras los acreditados enfrentan
financiamiento más caro.
Y una parte importante del ahorro
institucional —incluidos recursos
administrados por las Afores—
participa en el mercado de deuda
gubernamental.
Por eso, la estabilidad fiscal y la
calidad del gasto público son
relevantes tanto para quien solicita
un crédito como para quien ahorra
durante décadas para su jubilación.
El dinero público y el ahorro
privado no son mundos separados. Se
encuentran todos los días en el
mercado financiero.
Plan México: anuncios frente a resultados
El Gobierno presenta proyectos
energéticos, inversiones mixtas y
planes de infraestructura como
elementos centrales del Plan México.
Es positivo que existan proyectos y
que se reconozca la necesidad de
incorporar capital privado.
Pero anunciar inversiones no
equivale a ejecutarlas.
Para evaluar sus resultados debemos
identificar capital efectivamente
desembolsado, proyectos concluidos,
nueva capacidad eléctrica
disponible, empleos formales creados
y empresas que comenzaron a
producir.
El Fondo Monetario Internacional
proyectó en octubre un crecimiento
de apenas 1.5% para 2026 y 1.8% para
2027.
Al mismo tiempo, Hacienda reportó
una recuperación importante durante
el tercer trimestre de 2026, con
crecimiento anual de 3.2%.
Ambos datos deben considerarse. La
mejoría trimestral merece
reconocimiento, pero todavía debe
demostrar que puede convertirse en
una expansión sostenida.
México necesita crecer por encima de
esas proyecciones para mejorar los
ingresos familiares, fortalecer la
recaudación y ampliar el
financiamiento productivo.
El desafío no es anunciar más
proyectos. Es convertirlos en
inversión, producción y empleo.
Comparecencias para rendir cuentas, no
solamente para defender políticas
La secretaria de Energía acudió al
Senado y recibió cuestionamientos de
legisladores de distintas fuerzas
políticas.
El problema no es la ausencia
absoluta de preguntas, sino la
calidad de las respuestas y la
posibilidad de contrastarlas con
resultados verificables.
El Congreso debería exigir una
evaluación consolidada de los apoyos
a Pemex, subsidios eléctricos,
estímulos fiscales a combustibles,
obligaciones financieras y proyectos
de inversión.
También debería analizar cómo estas
decisiones afectan el déficit
público, la deuda, el costo del
financiamiento y las oportunidades
de inversión privada.
No se trata de debilitar a las
empresas públicas. Se trata de
exigirles una administración que
permita justificar su costo
económico y social.
Pemex y CFE pueden cumplir funciones
estratégicas importantes. Pero su
carácter público no las exime de
demostrar eficiencia, transparencia
y resultados.
Una política energética no es
exitosa porque el Gobierno anuncie
precios estables o menores deudas.
Lo será cuando esos resultados
puedan sostenerse sin sacrificar las
posibilidades de crecimiento de la
economía.
México necesita energía suficiente y
competitiva, empresas
financieramente responsables y un
sistema financiero que canalice más
recursos hacia la inversión
productiva.
La gasolina puede mantenerse estable
y la electricidad recibir subsidios.
Pero alguien financia esas
decisiones.
Y si no se explica con claridad
quién paga, cuánto cuesta y qué
beneficios obtiene el país, la
factura seguirá apareciendo en otra
parte: en la deuda pública, en el
presupuesto, en el costo del crédito
o en las oportunidades que nunca
llegaron a convertirse en empleos.
No se trata de izquierda o derecha.
Se trata de administrar bien los
recursos de todos los mexicanos y
entregar resultados que puedan
comprobarse.
Mario Sandoval
PROMETEO ( previsión/prospección) CEO FISAN SOFOM ENR Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. |
