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Prometeo
Por Mario Sandoval
México: pronósticos a la baja
Los
datos económicos comienzan a enviar
señales que el discurso político no
puede ocultar. BBVA redujo
nuevamente su expectativa de
crecimiento para México. Banxico
también ajustó sus previsiones. La
informalidad laboral permanece por
encima de 55%. El empleo formal
pierde dinamismo. La inversión
privada mantiene cautela.
La revisión del T-MEC se
acerca. Y el gobierno insiste en que
la economía marcha bien.
La pregunta es simple:
¿Quién tiene razón, los datos o
la narrativa?
Porque la realidad económica
suele ser menos ideológica y mucho
más contundente.
México enfrenta una
desaceleración económica en un
momento particularmente delicado.
La población envejece.
Las pensiones aumentan.
La presión sobre salud crece.
El déficit fiscal sigue siendo
elevado. Y la capacidad de generar
riqueza nueva muestra señales de
agotamiento.
El crecimiento no alcanza
Durante años México creció por
debajo de su potencial.
Hoy la situación es de mayor
atención. Los principales analistas
estiman para 2026 un crecimiento
cercano a 1%.
Eso significa una economía
incapaz de generar el volumen de
empleo formal, inversión y
recaudación que requiere un país de
más de 130 millones de habitantes.
Un crecimiento de 1% puede
parecer aceptable en una economía
madura como Alemania o Japón.
No en una economía emergente
con rezagos históricos en
infraestructura, educación, salud y
seguridad.
Mientras tanto, la inflación
continúa erosionando el poder
adquisitivo.
Las tasas de interés siguen
elevadas.
Y el tipo de cambio mantiene
una estabilidad que depende más de
factores externos que de fortalezas
estructurales internas.
El Mundial no resolverá los
problemas estructurales
El gobierno apuesta a la
derrama económica del Mundial.
Sin duda existirá para.
Hoteles.
Restaurantes.
Comercio.
Transporte.
Turismo.
Sin embargo, la experiencia
internacional demuestra que los
grandes eventos deportivos rara vez
transforman la trayectoria económica
de un país.
El Mundial no resolverá:
la informalidad laboral;
la baja productividad;
la insuficiente inversión
privada;
la crisis de ejecución
judicial;
la debilidad del crédito
productivo.
Confundir un evento temporal
con una estrategia económica de
largo plazo sería un error.
El empleo formal pierde
terreno. Uno de los indicadores más
preocupantes es la persistencia de
la informalidad. Más de la mitad de
la población ocupada trabaja fuera
de la formalidad plena.
Eso significa millones de
personas sin acceso completo a
seguridad social, ahorro
pensionario, crédito institucional o
protección laboral efectiva.
También significa una base
tributaria limitada. Y una base
tributaria limitada implica menor
capacidad futura para financiar:
salud;
educación;
infraestructura;
seguridad;
pensiones.
Las matemáticas son simples.
Cada trabajador informal representa
menor capacidad de financiamiento
para el Estado.
Programas sociales y
prioridades presupuestales
México destina más de un billón
de pesos a programas sociales.
La cifra supera ampliamente la
inversión destinada a conservación
carretera federal.
Compite con los recursos
destinados a salud.
Y se aproxima a los montos
asignados a educación.
El problema no es la existencia
de programas sociales. El problema
es convertirlos en el eje central de
una estrategia económica.
Los programas sociales alivian
necesidades.
La productividad genera
riqueza.
Los primeros distribuyen
recursos.
La segunda los crea.
Cuando la generación de riqueza
pierde fuerza, la distribución se
vuelve cada vez más difícil de
sostener.
El sector productivo sigue
esperando. Existe otro problema poco
discutido.
La banca de desarrollo parece
cada vez más enfocada en acompañar
prioridades gubernamentales que en
impulsar productividad.
Las pequeñas y medianas
empresas continúan enfrentando
dificultades para acceder a crédito
competitivo.
Las SOFOMES, arrendadoras,
empresas de factoraje y financieras
especializadas siguen operando sin
una política pública integral que
fortalezca su capacidad de
financiamiento.
Paradójicamente, son
precisamente estos intermediarios
los que atienden segmentos que la
banca tradicional suele ignorar.
Sin crédito productivo no
existe expansión empresarial.
Sin expansión empresarial no
existe empleo formal suficiente.
Y sin empleo formal suficiente
no existe crecimiento sostenible.
El costo económico del Estado
de derecho débil.
Uno de los mayores errores del
debate nacional consiste en tratar
al Poder Judicial como un tema
exclusivamente político.
No lo es.
Es un tema económico.
Un inversionista necesita
responder preguntas básicas:
¿Se ejecutan los contratos?
¿Se recuperan las garantías?
¿Se cumplen las sentencias?
¿Existen tiempos razonables de
resolución?
Hoy las respuestas generan
dudas.
La percepción de
hiperformalismo, lentitud procesal,
criterios inconsistentes y baja
exigencia de resultados afecta
directamente la confianza.
La reforma judicial prometió
transformar el sistema.
Sin embargo, sigue predominando
la discusión política sobre la
discusión técnica.
La elección judicial no
garantiza por sí misma
independencia, productividad ni
calidad jurisdiccional.
Tampoco resuelve problemas
históricos:
exceso de trámites físicos;
notificaciones costosas;
exhortos interminables;
edictos caros e ineficientes;
ejecución tardía de sentencias.
La justicia lenta tiene un
costo económico enorme.
Reduce inversión.
Incrementa riesgo.
Encarece crédito.
Destruye valor.
Las marchas aumentan porque las
matemáticas no cuadran. La presión
de la CNTE. La reversión parcial de
medidas sobre pensiones de Pemex.
Las modificaciones constantes a
reformas recientes.
Los ajustes legislativos
posteriores a decisiones
apresuradas.
Todo forma parte del mismo
fenómeno.
Cuando las matemáticas no
cuadran, las marchas se multiplican.
Cuando las promesas superan la
capacidad financiera, aparecen los
conflictos.
Cuando una política pública fue
mal diseñada, la presión organizada
termina sustituyendo al análisis
técnico.
Lo preocupante es que casi
nunca existen responsables.
En el sector privado una mala
decisión puede significar pérdidas,
despidos o incluso la desaparición
de una empresa.
En el sector público las
consecuencias suelen diluirse.
La factura termina
distribuyéndose entre
contribuyentes, consumidores y
generaciones futuras.
El desafío que viene
La revisión del T-MEC ocurrirá
en un entorno más complejo.
Estados Unidos exigirá
resultados.
No discursos.
Evaluará competitividad.
Seguridad.
Estado de derecho.
Energía.
Cumplimiento regulatorio.
Atracción de inversiones.
México mantiene ventajas
extraordinarias:
ubicación geográfica;
integración manufacturera;
cercanía con Estados Unidos;
capital humano;
mercado interno.
Pero ninguna ventaja es
permanente. La confianza debe
renovarse constantemente.
México no puede ignorar los
indicadores.
El crecimiento económico se
desacelera.
La informalidad sigue elevada.
La productividad permanece
rezagada.
La inversión privada continúa
cautelosa.
La confianza institucional no
mejora al ritmo necesario.
Y las presiones fiscales
aumentan.
Los programas sociales pueden
generar popularidad.
Las conferencias pueden generar
narrativa.
Los grandes eventos deportivos
pueden generar entusiasmo.
Pero ninguna de esas cosas
sustituye el crecimiento económico.
Al final, las economías no
prosperan por decreto.
Prosperan cuando existen
inversión, productividad, crédito,
certeza jurídica y confianza. Y hoy,
precisamente en esos rubros, es
donde México enfrenta sus mayores
desafíos.
Porque las leyes pueden
reformarse.
Los decretos pueden corregirse.
Las promesas pueden
renegociarse.
Pero las matemáticas económicas
no negocian.
Y tarde o temprano terminan
imponiendo la realidad.
Mario Sandoval
PROMETEO ( previsión/prospección) CEO FISAN SOFOM ENR Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. |
