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Prometeo
Por Mario Sandoval
Justicia a la
medida, ciudadanos y empresas a la
deriva
La narrativa oficial de la reforma judicial
prometió una justicia rápida,
expedita y cercana al pueblo. Sin
embargo, en la ventanilla del
usuario común, de la empresa y del
litigante corporativo, la realidad
operativa muestra un retroceso
brutal: el reemplazo de la técnica
por el hiperformalismo y la
consolidación del "amparo
estadístico" como mecanismo de
descarte masivo. Este no es un
problema exclusivo de abogados; es
una crisis que afecta la economía,
la seguridad y la inversión de todos
los mexicanos.
El impacto económico y la ahuyentación de
la inversión
El principio es elemental: sin certeza
jurídica no hay inversión.
Ningún capital serio —nacional o
extranjero— se arriesga a instalarse
en un país donde la recuperación de
garantías, el cobro de un crédito o
la restitución de un bien lleva años
de desgaste.
Cuando una empresa, o entidad financiera o
un inversionista descubren que el
propio Estado puede perder o
destruir un expediente en un archivo
local sin dejar respaldo digital, y
que para exigir la reposición de sus
derechos la Justicia Federal le
exige una "aduana peajera" de
$100,000 pesos en edictos básicos en
el Diario Oficial de la Federación y
otro medio de amplia circulación
para notificar a un tercero sobre un
juicio inexistente, el mensaje para
el mercado es desolador: el
patrimonio privado está indefenso.
El riesgo país se dispara, el costo
del crédito se encarece para las
PYMES y los proyectos productivos
prefieren migrar a jurisdicciones
seguras.
La erosión de la seguridad y la barbarie
de los "otros medios"
Existe un vínculo directo entre la
ineficiencia judicial y la crisis de
seguridad que azota a México. El
Estado ostenta el monopolio legítimo
de la fuerza a cambio de garantizar
el cumplimiento de la ley. Sin
embargo, cuando la vía legal se
transforma en un laberinto
interminable de amparos, quejas y
revisiones que tardan años sin
resolver nada, se envía una señal
perversa a la sociedad: la
justicia estatal no funciona.
Si cobrar una deuda o recuperar una
propiedad a través de las
instituciones toma un lustro y miles
de pesos en peajes procesales, el
ciudadano o el comerciante terminan
desesperados. La impotencia
institucional empuja a la sociedad
hacia la justicia por propia mano o
la contratación de "otros medios" al
margen de la ley. La falta de tutela
judicial efectiva es el caldo de
cultivo perfecto para la extorsión,
el cobro de piso y la violencia,
pues el deudor tramposo sabe que la
impunidad procesal lo protege frente
al acreedor formal.
El extravío estructural y la excusa de la
" excesiva carga de trabajo"
En el fuero común, la pérdida de
expedientes por la extinción y
redistribución de juzgados, sumada a
la falta de salas de lectura y el
hacinamiento de papeles, obliga al
ciudadano a realizar trámites
presenciales que deberían ser
digitales. Mientras tanto, en los
tribunales federales, juzgados y
magistrados justifican años de
retraso amparándose en su amplia
"carga de trabajo", como si las
empresas, los trabajadores y las
familias no tuvieran también cargas
operativas y financieras que
colapsan por su lentitud.
El abismo internacional
Esta distorsión es impensable en los
países con los que pretendemos
competir. En Estados Unidos,
la gestión digital (CM/ECF)
garantiza la inalterabilidad de los
expedientes y la Rule 4
sanciona la evasión traslando los
costos procesales al deudor mala fe
(costs-shifting). En la
Unión Europea, la reconstrucción
de actuaciones es gratuita por
mandato de la tutela judicial y los
boletines oficiales no se le cobran
al justiciable.
¿De qué sirven los discursos teóricos de
académicos y legisladores de
escritorio si ignoran el colapso de
la ventanilla? Pretender que el
ciudadano o el inversionista acepten
por dogma que "todo está mejor que
antes" es insostenible cuando el
sistema destruye el patrimonio real
a la vista de todos.
Ante la indiferencia del amparo
estadístico y el colapso del
sistema, el único camino de dignidad
para el sector corporativo radica en
documentar la falla, negarse a
financiar la ineficiencia de las
autoridades y exigir la
indemnización por la vía de la
Responsabilidad Patrimonial del
Estado. Si el Estado no garantiza la
protección de la propiedad y del
crédito, la "justicia del bienestar"
seguirá siendo una ficción que nos
cuesta la seguridad y el desarrollo
de la Nación.
Un año después de la tan anunciada reforma
judicial del oficialismo, y a pesar
de su narrativa triunfalista, la
sensación de que la situación no
solo no mejoró, sino que empeoró, la
operación diaria muestra un
retroceso brutal marcado por el
hiperformalismo, la dilación
procesal y la simulación.
Ver las escenas y los debates de baja
calidad en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) refleja
con crudeza el nivel de formación
jurídica, la pobreza de debate y la
preocupante percepción de quienes
hoy ocupan esos espacios. Si ese es
el nivel en el máximo tribunal, el
panorama en la justicia federal y en
los fueros comunes es idéntico o
peor: profundamente deficiente. Si
aplicáramos una prueba PISA en temas
legales a muchos de los actuales
impartidores de justicia, el
resultado arrojaría que una inmensa
mayoría no aprobaría un examen
básico de oposición. Sin embargo, el
activismo y la conveniencia política
los llevaron ahí. Es lo que hoy
tenemos, y en tanto el Ejecutivo y
el Legislativo no hagan bien su
trabajo, el Poder Judicial seguirá
siendo un apéndice afín y no un
verdadero contrapeso autónomo.
A este coctel de ineptitud institucional
se suma una herida abierta en el
foro diario: el abuso del derecho
por parte de malos litigantes. Las
chicanas y las prácticas dilatorias
continúan operando sin ninguna
responsabilidad real para los
abogados que, bajo el pretexto de
una supuesta defensa, recurren a la
marrullería. Presentan recursos e
incidentes que los tribunales
admiten alegremente, logrando ganar
tiempo a costa del desgaste
emocional, moral y económico de los
justiciables en asuntos ya resueltos
como cosa juzgada. Lo cual se
evidencia en en qué no se ejecutan
en tiempo los asuntos civiles,
mercatiles, familiares,
administrativos, laborales y
penales.
Este entorno de impunidad procesal tiene
un correlato alarmante en la paz
social. Los índices de violencia,
con más del 90% de los asuntos que
ni siquiera son denunciados, son la
confirmación más clara de la falta
de un Estado de derecho real. Cuando
el Estado no solo no actúa, sino que
es parte del problema y abandona su
deber tutelar, la ciudadanía termina
por perder la fe en las
instituciones y recurre a otros
medios para dirimir sus conflictos.
Mientras los juzgados sigan justificando
sus rezagos bajo el pretexto de una
supuesta excesiva carga de trabajo y
se premie la lealtad política por
encima de la capacidad técnica, la
justicia en México seguirá siendo
una ficción costosa que ahuyenta la
inversión, desprotege el patrimonio
y fractura el tejido social. Si el
Estado no garantiza la tutela
efectiva, la promesa de una justicia
cercana al pueblo habrá fracasado.
Tan solo está semana e septiembre de
fieras patrias pese a haber tenido
recientemente periodo vacacional ya
tiene un puente que en la Junta
local empezó desde el viernes y
hasta el próximo jueves habrá
labores. En tanto en federales y
fueron común de lunes a jueves
tienen su puente por su deficiente
labor judicial. Ellos consideran que
se lo merecen y que la sociedad en
general debe estar agradecida por
sus logros pirricos.
La economía y el empleo formal requieren
certidumbre, tienes un plan México
que no logra convencer en la
realidad más allá de anuncios y
narrativa de propaganda. La justicia
no es solo un tema especializado de
rollo y argumentación. Es la
certidumbre y la aplicación del
estado de derecho para todos.
Mario Sandoval
PROMETEO ( previsión/prospección) CEO FISAN SOFOM ENR Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. |
