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Cuenta Corriente
Alicia Salgado
Ley Federal
Antimonopolio y de Competencia Económica El martes, el
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar,
vicecoordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, presentó una iniciativa de Ley
Federal Antimonopolio y de Competencia
Económica, que da paso a la creación de la
Agencia Nacional para la Competencia y el
Bienestar Económico (Anacobe). En términos
generales recoge el compromiso que México
asumió en el T-MEC y establece los términos
de coordinación, para la regulación en
materia de telecomunicaciones (espectro,
asignación o concentración), con la Agencia
de Transformación Digital y
Telecomunicaciones. Reduce de siete a
cinco los comisionados de su órgano de
gobierno, como entidad descentralizada de la
Secretaría de Economía. Integra las
funciones de competencia de la Cofece y el
IFT, entidades que entrarían en extinción,
pero las decisiones tomadas en materia de
preponderancia, sanciones o investigaciones
en curso, deberán continuarse. Hay dos cosas que
incorporan que tienen que ver con “fijar
precios” y que en el CCE comienzan a revisar
con lupa, pues su artículo 8 facultaría a la
agencia la posibilidad de determinar que no
hay condiciones de competencia para
determinar precios máximos de bienes y
servicios “necesarios para la economía
nacional o el consumo popular”, facultad con
la que el Ejecutivo podrá fijar precios “si
no hay condiciones de competencia efectiva o
insuficiencia en el abasto de esos bienes”. Aunque reducen los
plazos de investigación de casi 600 días a
450, los tiempos de los procesos de defensa
se acotan (el proceso seguido en forma de
juicio para impugnar conclusiones y
sanciones, y también aumentan de forma
considerable las multas. Refieren casos de
concentración que pudieran implicar multas
por hasta 10% de la facturación global de un
grupo o 10% de ingresos de cada empresa en
caso de colusiones, 10% en caso de violación
de las condiciones impuestas a una empresa
declarada preponderante o, un grupo de
entidades que no cumplan con las
obligaciones impuestas para regular la
competencia. Otro cambio
relevante es que se bajan los umbrales para
solicitar autorización para concentración de
empresas o de activos, al establecerlos en
14 millones veces UMA, y cinco millones
veces UMA. La agencia mantiene
la capacidad de emitir opiniones, si se lo
pide el Ejecutivo o Economía, respecto de
los ajustes a programas y políticas llevados
a cabo por autoridades públicas, legislación
a discutirse en el Congreso federal o los
congresos locales, tratados internacionales,
cuando éstos puedan tener efectos contrarios
al proceso de libre concurrencia y
competencia económica de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, pero
mantiene el precepto de que las opiniones
sean públicas, pero no vinculantes. Algo que parece muy
bueno, es que la agencia deberá hacer
públicos los votos de los comisionados, pero
mantienen la posibilidad de “reservar
información confidencial”. Ojalá pudieran
cambiar de fondo esto porque si hay agentes
económicos investigados o sancionados, la
filtración de información (con las
consecuencias que tiene porque siempre lo
hace una de las partes) se convierte en el
ejercicio diario de la transparencia. DE FONDOS A FONDO #ABM… Hoy
finalmente vence el plazo para el registro
de quien aspire a ocupar la presidencia de
la Asociación de Bancos de México. Sólo se
ha registrado Emilio Romano, presidente y
CEO de Bank of America, lo que le perfila
como candidato de unidad, pero no le exime
de tener que presentar su propuesta para la
presidencia a todos los asociados. #Finsus...
que, en espera de la autorización para
transformarse en banco, lanza su programa de
remesas digitales. Ofrecerá a quien envía
remesas desde su aplicación digital en
Estados Unidos dos tipos de seguros para
estimular el ahorro: si el envío se acumula
en un apartado, además de pagar rendimiento
de 4% anual, incluye dos tipos de asistencia
(seguros). En caso de que quien envía
enfrente un episodio de repatriación reciba
500 dólares al tipo de cambio en el momento
del regreso a México o asistencia para el
retorno de restos a México, en caso de
fallecimiento del remitente en el
extranjero. Además, los envíos
invertidos a un año recibirán tasa de
interés de 12 por ciento.
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(La columna Cuenta Corriente se publica de lunes a viernes en el periódico Excélsior. Se reproduce con la autorización de la autora). |