Cuenta Corriente

 

Alicia Salgado

  

Trump: límites de la realpolitik

 

Aun para el anuncio de la mayor deportación masiva de la historia de EU, declarada en tres ocasiones por el presidente Trump, hay límites, para, incluso, deportar a medio millón de inmigrantes ilegales (la cifra récord con Barack Obama), por el costo presupuestal y las capacidades ejecutivas para lograrlo.

 

Escenas de deportación no necesariamente podrían advertir que son masivas. American Immigration Policy estima que una estrategia que suponga la deportación masiva de un millón de migrantes (se considera que hay cerca de 10.5 millones de inmigrantes ilegales, 26% mexicanos, con mucho, la más importante comunidad), sin considerar detención-devolución en la frontera, tendría un costo de 88 mil millones de dólares anuales, esto es, 967 mil 900 millones de dólares acumulados en una década por identificar, detener, procesar y deportar, además de la erosión en la base impositiva en los sectores económicos que dependen de migrantes ilegales (una buena parte del sector servicios, agrícola, construcción).

 

En la práctica, los límites presupuestales son los que hacen muy complicada la ejecución de una política de deportación masiva a la que se refiere Trump en su discurso inaugural.

 

El problema es que también para México la astringencia presupuestal es un problema, pues ninguno de los refugios que se instalarían en los puestos fronterizos se terminaron y, lejos de implementar una estrategia para contender con los tres frentes (deportación, identificación de migrantes no mexicanos en espera y contención de caravanas), la Presidenta no ha nombrado oficialmente al titular del Instituto Nacional de Migración. En octubre anunció que sería el exgobernador poblano Sergio Salomón, pero Francisco Garduño, nombrado por el expresidente López Obrador, no sabe siquiera si él sigue al frente del INM.

 

El segundo frente es el de aranceles. Trump siguió negociando con dos cartas abiertas. No anunció nada en concreto, pero por la tarde volvió a decir que podría elevar el 1 de febrero en 25% los aranceles a México y a Canadá, porque ambos “permiten el paso de un gran número de inmigrantes ilegales y el fentanilo a Estados Unidos”. La declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur tendrá un costo presupuestal altísimo para México si no se devuelve a no mexicanos a su país de origen. Interesante que, justo cuando dice que invocará el Alien Enemies Act of 1798 para apoyar al gobierno federal y a los estatales en eliminar toda presencia de gánsteres y redes criminales que devastan ciudades y pueblos en EU, muestra un poco su tercera carta: combatir la inflación.

 

Eso pasa por eliminar la mano de obra en construcción (17% ilegal), agricultura (13% ilegal) y servicios (12% ilegal), mayoritariamente mexicana. Los tonos y el presupuesto juegan.

 

Se estima que, al cierre del 2023, vivían en EU 4.7 millones de indocumentados, 377 mil 229 mexicanos fueron detenidos por presencia ilegal y devueltos al país, con un costo de 1,422 dólares por persona, para totalizar 7,333 mdd entre enero de 2023 y abril de 2024.

 

En México, el superprograma para recibir migrantes anuncia una tarjeta de Bienestar y entregar 2 mil pesos a todo mexicano devuelto para que regrese a su lugar de origen, unos 160 mil millones de pesos (tomando en cuenta el promedio anual de devoluciones que se realizan en la última década), pero no considera el cómo incorporarlos a la fuerza de trabajo sin que implique una carga presupuestal adicional. ¡Ah!, vamos a construir casas, tapar baches y construir trenes. Con eso juega Trump.

 

DE FONDOS A FONDO

 

#INFONAVIT… Agendada la reforma a la Ley del Infonavit, pero el grupo de Morena en la Cámara de Diputados incluyó una reforma a la Ley del IMSS y a la Ley de la Consar como novedades para incluir en la agenda que conducirá el diputado Ricardo Monreal a partir de 1 de febrero. Este tema resulta crítico porque podría incluir una “homologación” completa al régimen de disminución de la representación obrera y patronal en todos los organismos de gobernanza mixta, y probablemente todos los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Francisco Cervantes, deberían replantearse qué tan funcional para un Estado mexicano como el que controla Morena le resulta la representación patronal.

 

 X: @allizesalgado


(La columna Cuenta Corriente se publica de lunes a viernes en el periódico Excélsior. Se reproduce con la autorización de la autora).