Romina Román

 

Inseguridad ahuyenta a empresas extranjeras

 

Los que están cada vez más preocupados y desalentados son los empresarios nacionales y extranjeros quienes aseguran que la delincuencia les representa un altísimo costo, al tener que destinar entre 8 y 10% de su presupuesto para reforzar la seguridad de sus instalaciones, de su mercancía y sobre todo, de su personal.

 

Nos aseguran que las compañías de origen estadounidense ven al crimen organizado y la inseguridad en el país como el principal foco rojo del país, seguido por la debilidad en el Estado de Derecho.

 

Para los comercios hay de dos: destinar más recursos a la contratación de personal y equipos para evitar robos, o bien pagar el ya conocido "derecho de piso" a la delincuencia organizada.

 

Los estados en donde la situación es más grave son: Guerrero, Chihuahua, la Ciudad de México y sobre todo en el Estado de México, en donde la violencia y la delincuencia ya rebasaron por mucho al gobierno de Alfredo del Mazo.

 

¿Adjudicaciones dudosas en la mira?

 

Ya que hablamos de incertidumbre para la inversión, otros que también están enojados con el gobierno de Chihuahua son los directivos de empresas de monederos electrónicos, debido a que durante este año la administración de Javier Corral le otorgó a Edenred de México un contrato por adjudicación directa por más de 297 millones de pesos para el control de consumo de combustible para autos.

 

Esto lo reportó la Auditoría Superior del Estado y el argumento de la Secretaría de Hacienda estatal, fue que esa empresa es un "proveedor único", es decir que solo ellos ofrecen ese servicio.

 

Sin embargo, nos dicen los directivos que esto totalmente falso, ya que en el mercado hay múltiples firmas que se dedican a este actividad.

 

Por lo pronto, los ejecutivos están con los ojos bien abiertos para evitar que el próximo año se registre una situación similar, o de lo contrario exigirán una investigación por posibles arreglos ilegales entre el gobierno estatal y directivos de la compañía de origen francés.

 

Uno de los datos que destacan es que esta irregularidad no sólo se

presentó en este sector, ya que del total de contratos con recursos estatales durante el 2018, poco más de 70% se entregó por adjudicación directa, de acuerdo con el Comité de Adquisiciones del propio gobierno chihuahuense.

 

Estos contratos representan pagos por más de 2 mil 978 millones de pesos, de los cuales más de 568 millones, menos de una cuarta parte, se otorgaron por licitación pública.

 

Sigue polémica por iniciativa contra el outsourcing

 

Lo que sigue en vilo es la iniciativa contra el outsourcing que promueve el Senador Napoleón Gómez Urrutia, ya que si se aprueba tal y como la presentó se perderían cerca de 2 millones de empleos.

 

De acuerdo con datos del INEGI, el número de trabajadores formales en México es de 24,887,611 de los cuales 4,230,893 son subcontratados; este esquema se divide en personas y servicios.

 

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) que encabeza Armando Leñero, algunos ejemplos de subcontratación de servicios son: mantenimiento, vigilancia, construcción, limpieza, salud, servicios contables, principalmente y dentro de éste hay cerca de 2,326,000 trabajadores.

 

La subcontratación de personas aplica cuando un prestador pone a sus trabajadores a disposición de un beneficiario.

 

En ese tipo de servicios se pueden incluir desde un empleado hasta la plantilla completa.

 

Las grandes empresas recurren con frecuencia a este tipo de servicios, con el fin de ampliar su plantilla laboral y elevar su productividad, por lo que los empresarios insisten en que la propuesta del Senador Gómez Urrutia afectaría a la planta productiva nacional con la consecuente pérdida de miles de empleos, ya que busca regular de manera excesiva esta actividad.

 

Así las cosas...

Twitter: @rominarr