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Ricos y Poderosos
Marco Antonio Mares
Gas LP: ebullición social inminente
El
precio controlado del gas LP en
México está a punto de estallar en
una riesgosa ebullición social, si
el gobierno mexicano no lo atiende
rápida y adecuadamente. Los
distribuidores de gas aseguran que
con el “precio tope” gubernamental,
no tienen margen de rentabilidad. Su
inconformidad, luego de meses de
infructuoso diálogo con las
autoridades, está a punto de
convertirse en un paro de labores
que dejaría sin surtir del
hidrocarburo a millones de
consumidores. De hecho, el
paro anunciado para el martes 3 de
junio, lo frenaron los propios
distribuidores, frente a la
posibilidad de que en esta misma
semana reciban una respuesta del
gobierno. Pero la
amenaza de un paro de labores de los
distribuidores sigue latente y
depende de la respuesta oficial. El gas
natural es un insumo básico para
millones de mexicanos y si su
proveeduría se interrumpe
súbitamente, podría derivar en una
riesgosa inconformidad social. El dato
público es apabullante: 9 de cada 10
hogares mexicanos consumen gas LP. Uno
adicional, igual de sorprendente, es
que el 80 por ciento del gas LP que
consumimos en México se importa de
Estados Unidos. El origen de
la crisis de las compañías, cuyo
trabajo es entregar el gas LP “en la
última milla”, es decir a la puerta
de millones de hogares, es el mínimo
margen de ganancia que obtienen, por
el inexplicable cambio de las
condiciones del precio controlado. Hay que
recordar que el gas LP está sujeto a
un control de precios por parte del
gobierno desde el año 2021. No hay
ningún otro producto en los mercados
mexicanos que tenga un precio tope
establecido, por ley. Su
establecimiento se realizó
originalmente durante el gobierno
del expresidente Andrés Manuel
López, aunque con la particularidad
de que, el precio del combustible
podría variar en función de la
fluctuación del precio internacional
del energético y de la cotización
del peso frente al dólar. El precio
tope, a partir de octubre del 2024
–es decir, con el inicio del
gobierno de la presidenta Claudia
Sheinbaum–, comenzó a elevar el
nivel de presión sobre los
empresarios del sector, por el
cambio ilógico de las condiciones
establecidas por las autoridades
sectoriales. En
consecuencia han tenido que despedir
a entre 600 y mil empleados, porque
las empresas llevan siete meses
registrando fuertes pérdidas. En el actual
gobierno, se tomó la decisión, sin
consultar a los distribuidores, de
cambiar la fórmula, publicada en el
Diario Oficial de la Federación y
convertida en Ley, con la que se
dispuso reflejar los cambios al
precio internacional en el local y
las variaciones cambiarias. Esto ha
llevado a que en los últimos siete
meses los distribuidores registren
cuantiosas pérdidas económicas, cuyo
monto todavía no se cuantifica, pero
se ha traducido en pérdida de
empleos y cierre de algunas
empresas. Los datos,
dice la presidenta ejecutiva de
Amexgas, Rocío Robles Serrano,
pueden identificarse por el número
de plazas laborales que se han dado
de baja por las distribuidoras, ante
el Instituto Mexicano del Seguro
Social. O por el
número de empresas que han declarado
pérdidas ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). La propia
dirigente, revela que en el gremio
de distribuidores, la emergencia y
desesperación ha derivado en su
división y diversificación en sus
reacciones. A nivel
nacional, los distribuidores de
manera independiente comenzaron a
gestar la posibilidad de realizar el
paro que finalmente se contuvo. Amexgas le
ha dado prioridad al diálogo, a
pesar de que por meses han sido
desoídos. Pero en los
últimos días, luego de que
entregaron información condensada de
los distribuidores, las autoridades
de la Secretaría de Energía les
pidió que entregaran facturas y las
organizaran en un formato que les
entregó el propio gobierno. Los
distribuidores accedieron y ya
entregaron las facturas y los datos
solicitados. Esperan que ésta semana
la subsecretaría de Hidrocarburos
termine su evalución y en función de
la respuesta, vendrá la reacción de
los distribuidores. La
importancia del tema no es menor por
las repercusiones sociales que
podría tener. Está claro,
siempre lo ha estado, que el control
de precios no es una solución en la
operación de los mercados que deben
funcionar bajo la libertad y
competencia. La
distribuidora de Gas del Bienestar,
el complemento de la ocurrencia
originada en el sexenio anterior,
sigue operando sin utilidades y
enormes subsidios. Además de que no
ayuda ni resuelve nada. Veremos si
se impone el sentido común y la
lógica para resolver el problema. Al
tiempo.
Twitter: @marco_mares |
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(La columna Ricos y Poderosos se publica de
lunes a viernes en el periódico El
Economista. Se reproduce con la autorización
del autor). |
