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Moneda en el Aire
Por Jeanette Leyva
Entre las
prisas y los errores
En
la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT) que
lleva Jesús Esteva, parece que la urgencia
por sacar adelante proyectos carreteros en
Puebla terminó por atropellar la precisión
jurídica y administrativa que debería
acompañar cualquier proceso de contratación
pública, y más cuando lo que se busca es
reactivar la economía de manera urgente.
La dependencia puso
a consulta dos proyectos de licitación
pública internacional para la construcción y
mantenimiento de tramos carreteros en la
entidad poblana. Hasta ahí nada fuera de lo
ordinario. Lo preocupante aparece cuando se
revisan los documentos y comienzan a surgir
inconsistencias que, lejos de ser detalles
menores, podrían convertirse en focos de
cuestionamiento para los participantes y
para las propias autoridades responsables, y
lo peor, que no se ejecuten por lo mal
diseñadas. El primer elemento
que llama la atención es la ausencia de una
referencia clara y explícita sobre la
suficiencia presupuestaria autorizada para
ambos proyectos, es decir, se proponen
contratos plurianuales para la modernización
y conservación por cuatro años de carreteras
federales libres de peaje. Lo más relevante
es que no hay autorización plurianual por
parte de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda; es decir no hay
fuente de pago. La implicación es que se
queden desiertas. Si la fuente de pago no
está, ¿Cómo puede el contratista solicitar
un crédito para construir la modernización? En tiempos donde la
disciplina financiera y la transparencia son
exigencias permanentes, resulta difícil
entender por qué un aspecto tan relevante
queda reducido a una discreta anotación
entre paréntesis, más aún cuando se trata de
contratos de obra pública de gran
relevancia. Pero los problemas
no terminan ahí. La publicación de estas
convocatorias ocurre apenas semanas después
de la entrada en vigor de la nueva Ley para
el Fomento de la Inversión en
Infraestructura Estratégica para el
Desarrollo con Bienestar y de su reglamento
correspondiente. Sin embargo, los
proyectos de bases continúan recurriendo de
manera supletoria a la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las mismas,
generando dudas sobre la armonización
normativa que debería prevalecer en
procedimientos de esta magnitud. La contradicción más
evidente aparece en la propia definición de
la licitación. En los datos generales se
establece que se trata de una licitación
pública internacional bajo cobertura de
tratados internacionales. No obstante, en la
documentación legal y administrativa se
advierte que únicamente podrán participar
personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana; entonces por qué llamarla
internacional, quizás sólo se trata de
cumplir con las reglas del tratado comercial
en revisión y que, por cierto, tiene varios
frentes abiertos por incumplimientos de
México en temas de redes de pago, ya les
contaré. Difícil encontrar
una explicación lógica para una convocatoria
que se presenta como internacional mientras
restringe la participación a empresas
nacionales. Más allá de la confusión
jurídica, este tipo de inconsistencias
generan incertidumbre entre los potenciales
participantes y como si hiciera falta otro
ejemplo de la falta de revisión integral de
las bases, aparece el tema de los
fideicomisos. En uno de los
apartados se cita la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro para sustentar la
constitución de un fideicomiso de
administración, cuando el ordenamiento
jurídico que regula esta figura es la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito,
y esos temas, ya vimos cuando se presentó la
propuesta que generó un gran ruido en la
industria financiera; en nada ayudan esos
errores. No se trata
únicamente de un error de referencia legal.
Es una señal de que los documentos podrían
haber sido elaborados con insuficiente
revisión técnica o mediante formatos que no
fueron actualizados adecuadamente, es decir,
al maquinazo. Está claro que se
requiere reactivar la economía, y un camino
es principalmente la infraestructura
carretera que requiere inversión, rapidez y
ejecución eficiente, pero también exige
certeza jurídica. Cuando una
convocatoria presenta vacíos
presupuestarios, contradicciones sobre su
carácter internacional y referencias
normativas cuestionables, el riesgo no sólo
es administrativo. También es reputacional. Las señales que
preocupan En la relación
México–Estados Unidos, las formas suelen
anticipar el fondo. Y en las últimas
semanas, más de un observador en los
círculos diplomáticos y empresariales
comienza a preguntarse si la
presidenta Claudia Sheinbaum atraviesa un
momento de desgaste en la confianza política
que tradicionalmente busca construir
Washington con su principal socio comercial. Nadie habla todavía
de una ruptura ni de una crisis. Pero sí de
señales. Y en diplomacia, las señales
importan. La referencia
inevitable para muchos es Carlos Pascual, el
embajador estadounidense que terminó dejando
México en 2011 después de una relación cada
vez más complicada con el Gobierno Federal
de entonces. Los contextos son distintos,
pero la historia recuerda que cuando la
confianza se erosiona, los canales
institucionales suelen resentirlo. Por eso no
sorprendería que uno de los temas más
comentados en los pasillos de la cena por el
250 aniversario de la Independencia de
Estados Unidos, organizada este sábado por
la American Society of Mexico que
preside Larry Rubin en donde estarán
empresas estadounidenses que operan en el
país y en donde el embajador de Estados
Unidos en México Ronald Johnson es también
el presidente Honorario, sea precisamente el
estado real de la interlocución entre ambos
gobiernos. Empresarios,
diplomáticos y funcionarios saben que la
agenda bilateral enfrenta momentos
complejos: seguridad, comercio, migración e
inversión. La pregunta que muchos formularán
en privado no es menor: si existe un
problema de confianza, ¿qué tan profundo es
y quién está dispuesto a corregirlo antes de
que se convierta en un problema mayor? Mifel apuesta por
Mexicana
En un mercado donde
la diferenciación es clave, Banca Mifel, que
encabeza Daniel Becker, encontró en Mexicana
de Aviación un aliado estratégico para
fortalecer su presencia en el segmento de
viajeros frecuentes. Y es que presentaron
una tarjeta de crédito exclusiva que busca
capitalizar el crecimiento de la aerolínea
estatal y, al mismo tiempo, ampliar la
oferta de valor del banco, pero también
habla de la confianza de la institución
bancaria en el aeropuerto alterno. La nueva
tarjeta incorpora beneficios atractivos para
los usuarios: desde acumulación de puntos
Mifel Rewards hasta descuentos de hasta 50
por ciento los martes, además de ventajas
operativas como asiento asignado y equipaje
de mano sin costo adicional. Se trata de
incentivos diseñados para fidelizar clientes
en un entorno donde la competencia por el
gasto de consumo es cada vez más intensa. Para Mifel, la
alianza representa una oportunidad de
posicionarse en un nicho con potencial de
crecimiento. Para Mexicana, dirigida
por Leobardo Ávila Bojórquez, significa
sumar un instrumento financiero que
fortalece su estrategia comercial mientras
continúa ampliando su red de destinos. La aerolínea opera
actualmente 14 rutas y prepara la
incorporación de Acapulco, Tuxtla Gutiérrez,
Chihuahua y la región del Bajío durante el
segundo semestre. Además, esta semana
realizará su vuelo inaugural entre el AIFA y
Acapulco, avanzando en el plan de expansión
de una flota que alcanzará 20 aeronaves
hacia 2027. Una alianza donde ambos buscan
ganar altura. Más inversión a
Guanajuato San Francisco del
Rincón e Irapuato son los dos municipios en
donde Kromberg & Schubert, empresa
especializada en sistemas de cableado y
arneses automotrices de vehículos de alta
gama como Mercedes Benz y BMW, invertirá 26
millones de dólares para ampliar sus
plantas. Esa es una buena noticia en
momentos en que la reactivación de la
economía va lenta, ya que eso generará más
de mil empleos directos nuevos que se
sumarán a los 6 mil que ya tiene la
manufacturera.
Guanajuato ya
alcanzó el 50 por ciento de la meta de
atracción de inversiones contemplada por el
gobierno de Libia Dennise García, con más de
4 mil millones de dólares comprometidos, a
través de 56 proyectos. ¿Superará la meta? Por lo pronto, la
moneda está en el aire.
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