 |
|
Tengo Otros Datos
Eduardo Esquivel Ancona
Industria azucarera mexicana, entre el desplome de precios,
el
contrabando y la presión del JMAF
La
industria azucarera mexicana atraviesa uno
de sus periodos más complejos de las últimas
décadas. La combinación de bajos precios,
contrabando, creciente penetración del
jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF),
problemas financieros en algunos ingenios y
afectaciones fitosanitarias configura un
escenario que trasciende al sector
agroindustrial y amenaza la economía de
cientos de comunidades rurales. El incremento del
cupo de exportación hacia Estados Unidos
para el ciclo 2026-2027, estimado en hasta 1.152 millones de toneladas de azúcar mexicana,
representa una noticia favorable para la
cadena productiva. Sin embargo, desde una
perspectiva económica, difícilmente puede
considerarse una solución de fondo. El mayor acceso al
mercado estadounidense puede contribuir a
retirar excedentes del mercado nacional y
mejorar temporalmente los ingresos de los
productores, pero su impacto dependerá de
que ese volumen efectivamente sea colocado y
de las condiciones internacionales de
precio. En otras palabras, se trata de un
mecanismo de alivio, no de una
reestructuración de la industria. El cupo representa
además un aumento de alrededor de 512% respecto del
ciclo anterior, cuando las
exportaciones autorizadas se redujeron a
niveles históricamente bajos debido a la
menor disponibilidad. La cifra, no obstante,
corresponde a una estimación de demanda y no
significa necesariamente que Estados Unidos
vaya a comprar la totalidad del volumen. Un mercado
interno sometido a presión El principal
problema económico está en el mercado
nacional. Una parte importante de la
producción mexicana se destina al consumo
interno, por lo que cualquier incremento de
la oferta importada o sustitución del azúcar
de caña por otros edulcorantes termina
presionando los precios que reciben ingenios
y productores. A esta situación se
suma el ingreso irregular de azúcar
proveniente de Centroamérica. El llamado “huachicol azucarero” genera una distorsión
particularmente grave: el producto que entra
de manera ilegal evita los costos
arancelarios y puede comercializarse a
precios artificialmente bajos, colocando en
desventaja al productor nacional que sí
cumple con sus obligaciones fiscales y
regulatorias. Guatemala aparece
como uno de los principales puntos de
procedencia señalados por el sector. De
acuerdo con estimaciones citadas del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), una
proporción superior al 90% del azúcar
guatemalteca que llega a México lo haría sin
registro formal. La modalidad
conocida como “contrabando técnico” profundiza
el problema, debido a que el producto puede
ser reempacado para aparentar que se trata
de azúcar mexicana. El resultado económico
es doblemente negativo: reduce el espacio
comercial para la producción nacional y
erosiona la recaudación derivada de las
operaciones legales de importación. El JMAF cambia
las reglas del mercado El segundo gran
desafío es la sustitución del azúcar por
jarabe de maíz de alta fructosa. Las
importaciones de este producto pasaron de 301.9 millones de
dólares en 2021 a 531.1 millones de dólares
en 2025, un incremento
cercano al 76%. El fenómeno no
significa que la industria refresquera y
alimentaria mexicana haya abandonado por
completo el azúcar de caña. Ambos
edulcorantes coexisten. Sin embargo, el
crecimiento del JMAF ha modificado la
estructura de costos de numerosas empresas,
particularmente en segmentos de producción
masiva y alimentos ultraprocesados. Su ventaja
fundamental es económica: se trata de un
insumo que puede ofrecer menores costos para
determinados procesos industriales y
facilita la elaboración de productos
líquidos sin necesidad de disolver
previamente el azúcar cristalizado. Esto genera una
presión competitiva que no se resuelve
únicamente apelando a las preferencias del
consumidor. Para recuperar participación en
el mercado, la cadena azucarera necesita
mejorar productividad, logística,
transformación industrial y esquemas de
comercialización. La alternativa de
la azúcar líquida, por ejemplo, permite competir en
determinados procesos industriales al
reducir tiempos y costos de manejo. Su
desarrollo podría convertirse en una vía
para recuperar demanda nacional,
especialmente si se acompaña de contratos de
suministro de largo plazo entre productores,
ingenios y empresas de alimentos y bebidas. Veracruz, el
punto más vulnerable El problema adquiere
una dimensión mayor en Veracruz, entidad que
concentra aproximadamente cuatro de cada 10
toneladas de azúcar producidas en México. La próxima zafra
enfrenta riesgos adicionales por la
presencia de Fusarium
sacchari, así como por otras
plagas y condiciones climáticas adversas.
Productores han reportado la presencia del
hongo en municipios como Actopan, Alto
Lucero, Úrsulo Galván, Puente Nacional, La
Antigua y Paso de Ovejas. La preocupación es
especialmente relevante porque las
plantaciones afectadas abastecen a ingenios
como La Gloria y El Modelo,
involucrando a miles de productores de la
región. El Fusarium sacchari
puede provocar marchitez, pudrición y
deterioro del cultivo. Si la propagación no
se contiene oportunamente, el problema
sanitario podría convertirse en un nuevo
golpe para los rendimientos agrícolas y, por
extensión, para la disponibilidad de materia
prima de los ingenios. Aquí aparece un
elemento económico fundamental: una menor
producción de caña no necesariamente
beneficia a los productores mediante un
incremento de precios. Si la industria
pierde competitividad, una reducción de la
oferta puede traducirse en menor utilización
de la capacidad instalada, mayores costos
unitarios y dificultades financieras
adicionales para los ingenios. Ingenios al
límite La fragilidad
financiera de algunas factorías evidencia
que la crisis no comienza ni termina en el
campo. El pasado 5 de
agosto, el Grupo Azucarero San Pedro anunció
el cierre definitivo del ingenio ubicado en
Lerdo de Tejada, Veracruz, argumentando
falta de solvencia económica. Catorce días
después, el secretario de Desarrollo
Económico y Portuario del estado, Ernesto
Pérez Astorga, informó que se había
alcanzado un acuerdo con la empresa para
mantener las operaciones. El episodio ilustra
la vulnerabilidad de una cadena productiva
en la que un ingenio representa mucho más
que una fábrica. Su funcionamiento sostiene
empleos, contratos con productores,
transporte, servicios, comercio local y una
amplia red de actividades económicas
asociadas con la zafra. Cuando un ingenio
deja de operar, el impacto se multiplica a
lo largo de toda la economía regional. Una industria con
peso social La agroindustria de
la caña genera alrededor de 500 mil empleos directos y más de 2.4 millones
de empleos indirectos,
además de representar aproximadamente entre
0.4% y 0.5% del PIB nacional. Por ello, el debate
sobre el azúcar no debe reducirse a una
disputa entre productores nacionales e
importadores. Lo que está en juego es la
viabilidad de una cadena agroindustrial
completa. El problema tiene,
además, una dimensión territorial:
municipios enteros dependen de los ingresos
generados durante la zafra. Una reducción
significativa en la actividad de los
ingenios puede traducirse rápidamente en
menor consumo local, caída de ingresos
familiares y deterioro de las economías
regionales. Exportar más no
basta El incremento de la
cuota estadounidense puede representar un
alivio financiero estimado en miles de
millones de pesos para la cadena productiva,
pero depender exclusivamente de las
exportaciones sería insuficiente. La solución requiere
equilibrar tres mercados: el nacional, el estadounidense y el de productos
derivados de la caña. En ese sentido, las
medidas anunciadas bajo el denominado Plan
México-Azúcar Nacional, orientadas a
promover un mayor consumo de azúcar de caña
mexicana entre empresas refresqueras y de
alimentos, pueden contribuir a recuperar
demanda interna. También resulta
estratégica la diversificación hacia el etanol y otros
productos derivados de la caña y el bagazo.
Transformar excedentes en biocombustibles
permitiría reducir la dependencia de un solo
mercado y aprovechar integralmente la
materia prima. El reto es
recuperar competitividad La crisis azucarera
mexicana no responde a una sola causa. Es el
resultado de una acumulación de
desequilibrios: precios deprimidos,
contrabando, competencia de edulcorantes
importados, baja productividad en algunas
zonas, problemas financieros y riesgos
fitosanitarios. Por ello, la
respuesta tampoco puede limitarse a
incrementar cuotas de exportación o contener
importaciones. México necesita una
política integral que fortalezca la
vigilancia aduanera, combata el contrabando,
mejore la productividad agrícola, atienda
las plagas, facilite la modernización de los
ingenios y genere nuevos mercados para la
caña. El objetivo
económico debe ser claro: evitar que una crisis coyuntural de precios
termine convirtiéndose en una pérdida
permanente de capacidad productiva. La industria
azucarera todavía tiene capacidad para
recuperarse, pero el margen de maniobra se
reduce. Si los problemas financieros de los
ingenios coinciden con una caída de los
rendimientos agrícolas y una mayor
sustitución del azúcar nacional por
edulcorantes importados, el costo para
México no será únicamente industrial. Será también rural,
laboral y regional. El desafío, por
tanto, no consiste solamente en vender más
azúcar al extranjero, sino en construir una
cadena productiva capaz de competir en
precio, innovación y valor agregado dentro y
fuera de México. La columna Tengo Otros Datos se publica en los portales Domo de Cristal y Ekonosphera. Se reproduce con la autorización del autor). |
