Ricos y Poderosos

 

Por Marco Antonio Mares

 

Facturación apócrifa, industria negra

 

México registra desde hace una década la creación y expansión de una industria negra, especializada en la venta de facturas apócrifas.

 

Es en la práctica una industria porque se trata de un numeroso conjunto de “empresas fantasma” que supera las 8,000 unidades y han simulado operaciones de facturación por poco más de 2 billones de pesos.

 

El número de “empresas fantasma” impresiona. E impresiona también el número de contribuyentes que “compran facturas apócrifas”.

 

Ronda los 350,000 contribuyentes que mediante las facturas apócrifas evaden el pago de impuestos.

 

Listas negras, inservibles

 

Para disuadir esta práctica nociva, el Servicio de Administración Tributaria publica periódicamente “listas negras” de las “empresas fantasma”.

 

Sin embargo, tales “listas negras” de las “empresas fantasma” no han inhibido la agresiva venta de facturas apócrifas.

 

Por el contrario, esta práctica ilícita ha crecido de manera alarmante.

El SAT denomina a estas “empresas fantasma” como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).

 

Y a las empresas que compran facturas apócrifas las denomina Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).

 

Identidad usurpada o prestanombres

 

Las empresas fantasma forman parte de redes delincuenciales dedicadas a la evasión sistemática de impuestos. Para ello, crean un conjunto de empresas (EFOS) y a medida que el SAT las va descubriendo y publicando en las listas negras, las abandonan y crean nuevas empresas que sustituyen a las anteriores.

 

Los accionistas de estas empresas por lo general son prestanombres que ocultan a los verdaderos delincuentes.

 

Los prestanombres o son gente modesta de escasos recursos a los que contratan aprovechándose de su necesidad, o bien, las empresas roban o compran en el mercado negro los datos de identidad de personas totalmente ajenas a las mismas.

 

Modus operandi

 

Las empresas que compran estas facturas (EDOS) simulan la veracidad de la operación, pagando su monto más el IVA, a través de un medio rastreable como la transferencia bancaria o cheque.

 

Finalmente, la empresa fantasma regresa el dinero a los accionistas del EDO menos la comisión (que oscila entre 4 y 8%), a través de un medio no rastreable, como efectivo, depósitos en el extranjero (especialmente en paraísos fiscales), criptomonedas o tarjetas prepagadas.

 

Delito grave

 

Prodecon, encabezada por Diana Bernal y el partido Morena, con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar impulsan una iniciativa de ley para considerar grave el uso de facturas falsas e incluso tipifique como delincuencia organizada a la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados y elevar la penalidad de este delito a 10 años de prisión.

 

Semáforo de alerta

 

Las empresas fantasma también han sido utilizadas por entidades del Sector Público, para simular contratos de prestación de servicios que por su naturaleza es difícil de acreditar que fueron efectivamente proporcionados, tales como “asesorías”, “estudios”, “diseño de imagen institucional”, “publicidad”, “servicios administrativos”, etcétera.

 

La propuesta, desde el punto de vista del legislador, busca poner un semáforo de alerta para inhibir esta sangría de recursos del presupuesto público.

 

Mañana se analizará en la Cámara de Diputados el espinoso asunto. ¡A ver!

 

ATISBOS

 

RELEVOS. Viene el relevo de Luis Miguel Montaño Reyes como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuyo segundo periodo al frente del organismo se cumplirá el 31 de diciembre del 2018.

 

En este caso el relevo venía realizándose a través de una ratificación en el Senado a propuesta del presidente de la República; sin embargo, se está analizando el procedimiento porque fue objeto de una reforma constitucional en virtud de la cual sería la Cámara de Diputados la que apruebe o rechace la propuesta presidencial.

 

El análisis se realiza porque podría haber alguna incongruencia constitucional.

 

Lo que más llama la atención es que la reforma en comento aplicaría por primera vez para la ratificación del nombramiento del secretario de Hacienda, que hasta ahora recaerá en Carlos Urzúa.

 

A partir de ahí se verá qué aplica para la designación del vocal ejecutivo del IPAB.

 

A propósito del IPAB hay que recordar que no recibe recursos federales o públicos para su operación. Su gasto corriente proviene de las cuotas que les cobra a los bancos.

 

TIC. El sector de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la cuarta revolución industrial será analizado por Salma Jalife Villalón futura subsecretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La inminente funcionaria fue convocada por la Barra Mexicana de Abogados. Gonzalo Martínez Pous, quien fuera comisionado en la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones, y David Guillén son coordinador y subcoordinador, respectivamente.

 

PATENTE. El destacado abogado José Antonio Chirino recibió patente de notario aspirante. Enhorabuena.

 

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(La columna Ricos y Poderosos se publica diario en el periódico El Economista. Se reproduce con la autorización del autor.)